A nivel nacional, el informe indica que las víctimas de femicidio pasaron de 228 en 2024 a 200 en 2025, lo que equivale a una reducción del 12,3%. Según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), esta variación se atribuye a la disminución de casos en algunas jurisdicciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
En esta provincia, los femicidios cayeron de 98 en 2024 a 78 en 2025, lo que representa una disminución de 20 casos. No obstante, al enfocarse en esta jurisdicción, se evidencia un aumento en las tentativas de femicidio que, aunque no llegaron a consumarse, sugieren que “las políticas públicas sirven”, tal como deducen en ELA a partir del Informe de femicidios 2025 elaborado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Este informe señala que “mientras bajaron los femicidios consumados, aumentaron las tentativas de homicidio contra mujeres en el marco de violencia familiar y/o violencia de género”. Las tentativas pasaron de 218 en 2024 a 301 en 2025.
Desde ELA comentaron: “Esto muestra que hubo más situaciones de altísimo riesgo detectadas o intervenidas antes de convertirse en desenlaces fatales. Por eso es clave mirar más de un indicador antes de sacar conclusiones”.
Resaltaron que la provincia gobernada por Axel Kicillof, que presenta posturas confrontativas frente a las del gobierno nacional en la esfera de políticas de género, ha mantenido mecanismos robustos para la prevención y atención de la violencia de género, junto con dispositivos provinciales, áreas municipales y redes de articulación territorial e interinstitucional.
“Esto no permite afirmar una causalidad automática. Pero sí debilita el argumento contrario: que los femicidios bajan porque el Estado deja de intervenir. El Estado nacional se retiró y abandonó a las mujeres; las provincias, en distinto grado, no lo hicieron”, señalaron desde ELA al evaluar los datos.
En este sentido, indicaron que una situación similar se observó en 2021, cuando el número nacional de femicidios descendió de 251 a 231. “Esto estuvo muy relacionado con la baja de casos en la provincia de Buenos Aires, que pasó de un promedio de 99 entre 2017 y 2020 a 73 en 2021, lo que representa una reducción del 26,3%. Al año siguiente, los casos aumentaron nuevamente”, recordaron en ELA.
En consecuencia, ELA subrayó que “una variación interanual no revela una tendencia”. Por lo tanto, es fundamental no celebrar victorias prematuras; la intervención estatal es esencial para prevenir femicidios. La búsqueda de ayuda, y su efectividad, son cruciales.
También hicieron hincapié en que el aumento en las tentativas indica que la reducción en los femicidios no implica necesariamente una disminución en la violencia de género.
A 11 años de la primera marcha de “Ni una menos”, que surgió tras el femicidio de la adolescente de 14 años Chiara Páez, ELA enfatizó que la violencia de género representa “un problema grave que requiere soluciones específicas porque tiene patrones específicos”.
Proporcionaron datos relevantes: el 78% de las mujeres asesinadas en el país son víctimas en sus hogares, y el 59% de las veces el agresor es una pareja, expareja o una persona con la que tienen una relación afectiva. Además, se indicó que solo el 18% de las mujeres asesinadas había presentado una denuncia en 2025.
La conclusión a la que llegó ELA es que “la violencia no comienza con el femicidio. Por eso, el Estado tiene que actuar antes”. Agregaron: “Las políticas públicas pueden evaluarse y mejorarse, pero el ajuste actual triplica la reducción del presupuesto nacional total. Negar el problema, desmantelar herramientas o interpretar los datos de femicidios sin considerar el contexto no es eficiencia ni neutralidad: es dejar a más mujeres a la deriva”.
Al mismo tiempo, las políticas de género han sido impactadas por el ajuste del gobierno de Javier Milei. En el Presupuesto 2026, el primero bajo su administración, programas como Acompañar y la Línea 144 carecieron de asignaciones presupuestarias específicas, según un estudio de ACIJ y ELA.
Este presupuesto mostró significativos recortes en políticas a favor de la mujer. En 2024, el Programa Acompañar, que brinda asistencia psicológica y económica a mujeres y personas LGBTI+ que enfrentan violencia, sufrió una disminución del 90% en comparación con 2023, reduciendo su cobertura de más de 100,000 personas a solo 434.
Asimismo, en 2024, la Línea 144 vio reducido su presupuesto en dos tercios y desde 2025 no cuenta con una asignación presupuestaria clara, lo que dificulta la evaluación de los recursos disponibles. Para el presente año, el objetivo oficial se ha fijado en 60,000 asistencias, lo que equivale a un tercio de lo atendido en 2023.
En un nuevo aniversario de la marcha, el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos presentó un informe que reveló que desde el 3 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de este año, se registraron 3,096 femicidios en Argentina. En lo que va del presente año, el registro nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) señala que se han cometido 105 femicidios, lo que equivale a una muerte violenta cada 35 horas, además de 420 intentos de femicidio.
Desde MuMaLá también alertaron: “Estamos ante el piso histórico de denuncias; solo el 9% de las víctimas de femicidio había denunciado a su agresor previamente. Las víctimas no acuden a las instituciones porque no se sienten escuchadas. (El promedio en los últimos 11 años fue del 17%)”. Agregaron que el 75% de las medidas de restricción son ineficaces. “De ese reducido grupo de mujeres que lograron presentar una denuncia este año, 3 de cada 4 tenían una orden de restricción activa que el Estado no controló”.
Finalmente, apuntaron que el 10% de los reincidentes se encuentra en libertad, es decir, “1 de cada 10 femicidas de 2026 ya tenía antecedentes penales por violencia de género con parejas anteriores; un riesgo que el Poder Judicial ignoró.”
