Los gobernadores del Norte Grande han reactivado su bloque regional con un reclamo unificado hacia la Casa Rosada: la reactivación urgente de la obra pública vial. Si bien los mandatarios provinciales ratifican su apoyo al equilibrio fiscal y al modelo de inversión privada (RIGI), advierten que el deterioro de las rutas nacionales en sus distritos está poniendo en riesgo la logística de las exportaciones mineras y agrícolas. “No podemos sacar el litio en mulas”, graficó con ironía uno de los líderes provinciales tras la cumbre en Tucumán.
El planteo es pragmático. Las provincias ofrecen hacerse cargo del mantenimiento de los corredores viales a cambio de que la Nación les ceda la jurisdicción y los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles en sus territorios. Es una propuesta de descentralización de facto que el Ministerio de Economía estudia con atención, ya que permitiría al Gobierno Nacional desprenderse de gastos operativos sin romper su meta de déficit cero.
La tensión política subyacente es la negociación del Presupuesto 2026. Los gobernadores saben que tienen la llave de los votos en el Senado y utilizan la agenda de infraestructura como herramienta de presión. No piden giros discrecionales para gastos corrientes —saben que esa época terminó—, sino inversión de capital que dinamice sus economías locales y genere empleo visible.
Para el Gobierno, ceder las rutas a las provincias podría ser una solución elegante: se saca un problema de encima y traslada la responsabilidad de la gestión (y el costo político de los peajes) a los gobernadores. El verano será decisivo para ver si este nuevo pacto federal de infraestructura se concreta.
