En semanas recientes, las dos CTA y la CGT decidieron unificar esfuerzos y establecer un plan de lucha conjunto en oposición a las medidas de ajuste económico implementadas por la gestión de Javier Milei.
El rechazo a los acuerdos con el FMI se fundamenta en la opinión de que las condiciones impuestas al Gobierno Nacional agravan la pobreza, aplican ajustes fiscales, erosionan el poder adquisitivo de la población y precarizan las condiciones laborales.
Las centrales sindicales y movimientos sociales consideran que el organismo norteamericano actúa como un co-gobernante, priorizando los intereses financieros internacionales en detrimento del bienestar social y del desarrollo soberano del país.
Además, se denuncia que las metas fiscales del FMI establecen “techos a las paritarias”, lo que provoca que los salarios de los trabajadores y los haberes jubilatorios queden “muy por debajo de la inflación”.
Simultáneamente, se resalta que las exigencias del Fondo implican una reducción del gasto público por parte del Gobierno, una medida que se vincula directamente con los aumentos significativos en las tarifas de servicios y transporte.
Por otra parte, se rechazan todas las fórmulas de movilidad o exigencias del organismo que puedan afectar las prestaciones de la seguridad social, así como los despidos en el sector público y la eliminación de programas de asistencia social en busca del déficit cero.
También se oponen de manera rotunda a las reformas que busquen flexibilizar o suspender los derechos laborales adquiridos, bajo el argumento de la “modernización”, y cuestionan las auditorías trimestrales, alegando que subordinan al Congreso Nacional y a las políticas internas a las directrices de Washington.
Sostienen que los préstamos otorgados, incluyendo el crédito del año 2018 y las posteriores refinanciaciones, no contribuyeron al desarrollo productivo, sino que resultaron en fuga de capitales, calificando la deuda como una “carga impagable a expensas de la pobreza popular”.
El 22 de julio, las dos CTA junto a la CGT se unieron a la marcha de los jubilados frente al Congreso y han acordado participar en la tradicional movilización de San Cayetano el 7 de agosto, mientras consideran avanzar con nuevas medidas de fuerza o un eventual paro general.
