La empresa se encuentra en esta coyuntura crítica en medio de un complejo panorama económico. Según se ha informado, ha sufrido un fuerte impacto por la paralización de la obra pública nacional, la disminución de nuevas licitaciones, el aumento de costos de construcción, la subida en el gasto de financiamiento y un conflicto con Energía Argentina (Enarsa) relacionado con contratos de obras clave para el sistema energético.
De acuerdo a la información proporcionada por Esuco en su presentación ante la Justicia, la compañía experimentó pérdidas por $6.206 millones en 2024, y sus ingresos evidenciaron una caída real del 23,7%. Este deterioro en los resultados afectó la estructura organizativa de la firma, lo que llevó a una significativa reducción de personal.
Los números reflejan la gravedad de la situación, ya que la plantilla de empleados pasó de 397 en junio de 2025 a solo 70 en abril de 2026, lo que representa una disminución superior al 80% y acompaña el descenso de la actividad de la empresa en un entorno adverso para el sector de la construcción.
El concurso preventivo tiene como propósito regular las obligaciones financieras y establecer un marco para la negociación con los acreedores. Este procedimiento judicial permite a las empresas continuar operando mientras buscan acuerdos para reestructurar su pasivo.
El caso de Esuco, fundada por Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, ha adquirido relevancia por su historial en la industria. Desde su creación en 1948, la constructora ha participado en más de 500 obras relacionadas con infraestructura, energía, saneamiento, transporte e hidráulica. Wagner ocupó la presidencia de la entidad entre 2004 y 2012, un periodo caracterizado por una expansión notable en la inversión pública.
En 2018, la figura de Wagner volvió a ser objeto de interés público al declarar como imputado colaborador en la causa de los Cuadernos de las Coimas, donde expuso un posible sistema de recaudación ilegal que implicaba a funcionarios y contratistas estatales.
Entre los proyectos destacados de Esuco se encuentran la represa de Yacyretá, el aeropuerto de El Calafate, la planta depuradora de Berazategui, el Gasoducto del Noreste Argentino y diversas obras hidroeléctricas y energéticas en diferentes provincias del país.
La empresa ha argumentado que parte de sus problemas financieros están relacionados con la difícil situación del sector construcción y la disminución de la inversión pública en infraestructura. Además, ha señalado la existencia de créditos pendientes de cobro vinculados a obras ejecutadas para el Estado.
El conflicto con Energía Argentina (Enarsa) ha sido uno de los factores críticos en la cesación de pagos, en especial en relación a dos contratos energéticos: la construcción de la Planta Compresora Mercedes y las obras de adecuación de las plantas compresoras asociadas al Gasoducto Norte.
Este último se considera uno de los proyectos energéticos más significativos de los últimos años, con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país, reemplazando gradualmente las importaciones procedentes de Bolivia.
En su presentación judicial, la constructora ha asegurado que la ejecución de estos trabajos ha enfrentado diversos inconvenientes que complicaron el desarrollo de los contratos. La empresa hizo referencia a “demoras en la aprobación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, autorizaciones técnicas e ingresos de mercadería”, situaciones que, según su exposición, la llevaron a tener que financiar en mayor medida los proyectos con recursos propios y a través de endeudamiento.
Esuco afirmó que estas demoras impactaron directamente en sus finanzas, alegando que el contrato del Gasoducto Norte le ocasionó pérdidas económicas por alrededor de $3.700 millones. Además, reportó créditos pendientes de cobro asociados a diversos contratos energéticos por más de $53.900 millones, una cifra que considera fundamental para entender el deterioro de su situación financiera.
La constructora también expresó que la acumulación de certificados impagos y las dificultades para acceder a nuevas fuentes de financiamiento complicaron la continuación de los trabajos bajo las condiciones inicialmente previstas. Según su presentación, durante la segunda mitad de 2025 empezó a enfrentar crecientes obstáculos para mantener el financiamiento de las obras, en un contexto donde las tasas de interés superaron el 100% nominal anual.
La solicitud del concurso preventivo surgió tras varios meses de deterioro económico, en los cuales la caída de ingresos y el aumento de las pérdidas afectaron la capacidad operativa de la empresa, llevándola a buscar una solución judicial que permita encauzar la negociación con los acreedores.
Este proceso ha puesto de relieve la situación del sector de la construcción, donde muchas empresas han enfrentado una reducción en la actividad y un menor número de proyectos de infraestructura en los últimos años. Como resultado, muchas firmas han tenido que revisar sus estructuras, costos y niveles de empleo.
En el caso de Esuco, la reducción de personal se ha constituido en un indicador evidente de la crisis. La empresa ha pasado de casi 400 trabajadores a cerca de 70 empleados en un periodo inferior a un año.
El procedimiento judicial ha dado inicio a una etapa de verificación de créditos y negociación con los acreedores. El total de acreedores supera los 800, lo que refleja la magnitud de las relaciones comerciales establecidas por la compañía a lo largo de su prolongada trayectoria.
